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LAS REGLAS CAMBIAN: BUSCAN QUE PARTIDOS ‘VETEN’ A VIOLENTOS

Las reglas cambian: buscan que partidos ‘veten’ a violentos

Para buscar que los partidos políticos combatan la violencia política contra las mujeres en razón de género y evitar que postulen a candidatos con antecedentes de violencia, agresores sexuales y deudores alimentarios, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una serie de lineamientos.

En base a estas reglas, que serán de aplicación tanto local como nacional, los institutos políticos deberán solicitar firmar un 3 de 3 contra la violencia a quienes aspiren a una candidatura a algún cargo de elección popular en los comicios del próximo año.

Esto consiste en un formato donde manifiesten, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenados o sancionados mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito público o privado.

Asimismo, deberán garantizar no contar con antecedente legal de delitos sexuales, o contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

El tercer punto señala que deberán establecer que no son deudores de pensión alimentaria o morosos que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acrediten estar al corriente del pago o que cancelen en su totalidad la deuda y no estén en algún padrón de deudores.  

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre se han abierto en México 166 mil 810 carpetas de investigación por delitos contra la familia, incluyendo 163 mil 868 por violencia familiar y 2 mil 942 por violencia de género, y 12 mil 241 averiguaciones por violaciones.

Mientras que las estadísticas de llamadas de emergencia al 911 arrojan que en los primeros nueve meses del año se han recibido 912 mil 199 llamadas de auxilio por incidentes de violencia contra la mujer, de violencia de pareja y de violencia familiar, y 13 mil 6 reportes por delitos sexuales donde las víctimas son mujeres.

Además, según información difundida por las propias autoridades del organismo electoral, del 2017 al pasado mes de septiembre, se habían iniciado más de 80 mil carpetas de investigación en contra de deudores alimentarios y morosos, aunque no hay denuncias en más del 65 por ciento de los casos de incumplimiento de las responsabilidades familiares alimentarias.

En los lineamientos se establece también que los políticos estarán obligados a garantizar la participación de las mujeres y su acceso a capacitación, cargos y apoyos.

En este sentido, señalan que deberán destinar al menos el 40 por ciento del financiamiento para campañas a actividades de las candidatas, así como garantizar que aparezcan en promocionales en radio y televisión.

Las nuevas reglas, con las que se busca que los institutos aseguren la igualdad y garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales al interior de los mismos, contemplan que estos investiguen, sancionen y reparen conductas de violencia política de género y establezcan en sus estatutos mecanismos para erradicarla, así como facilitar las denuncias y atender y asesorar a las víctimas.

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