La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ayer, 7 de septiembre, por unanimidad, declarar inconstitucional la penalización de la interrupción del embarazo en su etapa inicial en Coahuila. Es sin lugar a dudas, una victoria para el movimiento feminista y un día histórico para México.
En un fallo sin precedentes, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, dejó claro que con este criterio no sólo se invalidan las normas de Coahuila, sino que establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país. Al ser una acción de inconstitucionalidad, la sentencia tiene efectos generales. Es decir, en México se decidió por nunca más una mujer o persona con capacidad de gestar en la cárcel por tomar la decisión de abortar. Se decidió por nunca más una mujer en la cárcel por decidir sobre su cuerpo y su futuro.
“A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y de la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este tribunal constitucional. A partir de ahora, se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. El día de hoy es un paso más en la lucha histórica por su igualdad, por su dignidad y por el pleno ejercicio de sus derechos”.
Entre las intervenciones de los Ministros y Ministras, destaca la de Magarita Ríos-Farjat al declarar que “nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar” y que más que un tema del Derecho Penal, este es un tema de salud pública que debe garantizar el Estado. Con ello, la Corte reconoce la obligación del Estado a garantizar el aborto como parte de la sanidad pública. Además, las y los ministros se pronunciaron a favor de eliminar los estereotipos de género que establecen a la maternidad como una obligación para las mujeres y reconocerlas como seres humanos capaces de decidir respecto a sí mismas.
El día de ayer entonces, la Suprema Corte decidió comenzar a saldar una deuda histórica con las mujeres y personas con capacidad de gestar, particularmente con aquellas en situaciones más marginadas y pobres. No sólo las mujeres que de ahora en adelante decidan abortar podrán hacerlo sin el riesgo de ser encarceladas, sino que todas las mujeres que estén en prisión por ese delito podrán utilizar un amparo para salir de la cárcel.
Así, se comienza a construir el camino para que el derecho a decidir se haga legal en todo el territorio nacional. Lo anterior, convertiría a México en el país más poblado de América Latina en permitir el aborto.
Ahora, toca a los Congresos, tanto federal como local, legislar al respecto. De no hacerlo, estarían faltando a su compromiso con hacer cumplir la Constitución y las normas que de ella emanen.
Hoy las mujeres gritamos un poco más fuerte y con mayor convicción:
Educación Sexual para decidir,
Anticonceptivos para no abortar,
Aborto Legal para no morir