De cara al proyecto que discutirá hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que abriría la puerta a la despenalización del aborto, organizaciones y activistas de Nuevo León confiaron en que la máxima instancia judicial del País pugnará por que se garanticen los derechos de las mujeres en Veracruz, lo que beneficiaría también a las del Estado, donde no se respetan las causales que contempla la ley.
De aprobarse el proyecto que presentó el Ministro Juan Luis González Alcántara a la Primera Sala, para lo que se requiere el voto de tres de los cinco ministros que la integran, se establecería que penalizar el aborto viola derechos humanos de las mujeres.
La sentencia obligaría al Congreso de Veracruz a reformar el Código Penal local para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas, como ya está establecido en la Ciudad de México y en Oaxaca, lo que abriría la puerta a que organizaciones civiles lleven a juicio códigos penales de los estados que contemplen sanciones por abortar.
“Sin duda, será un día histórico para las mujeres de Veracruz y de todo el País”, anticipó Irma Alma Ochoa, directora de Arthemisas por la Equidad.
“La discusión sobre el proyecto, a realizarse en la Primera Sala de la SCJN, parte de la omisión del Poder Legislativo de Veracruz, que recibió el mandato de modificar sus leyes discriminatorias para las mujeres, adolescentes y niñas”, explicó. “La violencia y la falta de acceso de las mujeres veracruzanas a los derechos humanos fue visibilizado por la AVGM por Agravio comparado declarada para esa entidad federativa.
“Considero importante que la SCJN dé respuesta a las mujeres, adolescentes y niñas, y les garantice el acceso a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República Mexicana, en la CEDAW y en la Convención Belém do Pará”, añadió Ochoa.
Sandra Cardona, cofundadora de Voces de Mujeres en Acción y quien forma parte de la Red Necesito Abortar, coincidió en que la relevante decisión que tomarán los ministros de la Corte impactará en que se hagan respetar los derechos de mujeres, niñas y adolescentes no sólo de Veracruz sino de Nuevo León y todo México.
“Esto es importante y tiene relevancia ya que brinda una ventana a las niñas, adolescentes y mujeres que necesitan interrumpir su embarazo, ya que como podemos ver el negar el aborto por violación es ir en contra de nuestros derechos sexuales y reproductivos”, recalcó. “El que se haga en Veracruz puede beneficiar no sólo a Nuevo León sino a todas las niñas, adolescentes y mujeres el País.
“Se tendría que tener este avance porque la causal de aborto por violación está en todo el País. Sin embargo, en Nuevo León por ejemplo, esto no se lleva a cabo en la práctica, como debe de ser, al contrario se les niega este acceso sobre todo si pasan de las 12 semanas, aún sin que en nuestra Constitución y en el Código Penal local no identifica un número especifico de semanas, no se les permite abortar por violación. Así que esta decisión de la SCJN, puede brindar una luz dentro de la despenalización del aborto”.
En Nuevo León, las carpetas de investigación abiertas por casos aborto se incrementaron en un 121 por ciento al pasar de 38 en el 2018 a 84 en 2019, tras la mal llamada reforma antiaborto aprobada en marzo del año pasado por el Congreso local, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En el primer semestre del 2020 se abrieron 52 indagatorias, por encima de las 47 registradas en la primera mitad del año pasado.
Aunque a nivel local la ley permite el aborto en casos de violación, riesgo de muerte o daño grave a la salud, la desinformación en torno a dicha modificación legal hizo ver esta práctica como prohibida en el Estado, como lo refleja el corto documental “La Reforma”, realizado por la regiomontana Cecilia Vázquez Ramírez.
“A partir de la reforma… ha habido un aumento considerable de denuncias por aborto”, dijo Ochoa. “Por diversas causas no se respetan las excepciones establecidas en el Código Penal, es decir: peligro de muerte, grave daño a la salud o cuando el producto sea consecuencia de una violación.
“El Poder Legislativo de Nuevo León, al hacer la modificación comentada, no atendió los principios de constitucionalidad ni el de convencionalidad establecidos en la Carta Magna”, añadió. “Por ello la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó a la SCJN resolver dichas reformas como inconstitucionales. Esperemos que pronto se dicte la resolución”.
Cardona señaló que aunque en base a la NOM-046, el sector salud está obligado a garantizar atención psicológica, ofrecer la anticoncepción de emergencia, informar del derecho a denunciar y de los posibles riesgos de VIH y enfermedades de transmisión sexual, y a dar servicio de interrupción del embarazo, esto en la práctica no se realiza en Nuevo León, según la experiencia de mujeres que les han solicitado apoyo.
“Sí vemos que la situación de aborto en NL está muy crítica, han aumentado las carpetas de investigación como bien señalas, y a nosotras como red nos llegan las mujeres referidas por diversos hospitales, ya que ellos no pueden realizar la interrupción de embarazo, siendo que saben que fueron violadas”, explicó. “Y la NOM-046 no se lleva a cabo, contrario a esto las mujeres tienen que ir con la orden de un juez para tener acceso a un aborto, pero luego para conseguir esto pasan las semanas, y ya no es posible realizar el aborto porque tiene ya las semanas muy avanzadas”.
Dicha norma, señaló, establece los criterios que deben seguir los prestadores de servicios de salud en los sectores público, social o privado de todo del País, para la detección, prevención, atención médica y orientación a personas afectadas por violencia familiar y sexual.
“Si una niña, adolescente o mujer fue violada es importante que sepa que puede acceder al servicio legal de interrupción de embarazo en tu estado”, dijo, “No es necesario poner una denuncia para acceder al servicio, tú palabra es suficiente”.
En la víspera de la resolución, ayer activistas y grupos a favor y en contra del aborto realizaron manifestaciones en el Zócalo, afuera de la sede de la Corte, y de manera virtual, para fijar sus posturas y manifestar su respaldo o rechazo al proyecto.
Previo a la discusión, esta mañana la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronunció a favor del proyecto y reiteró su postura a favor de la despenalización del aborto.
“La mujer no debe enfrentar un proceso penal por haber tomado una decisión de esa naturaleza, es simplemente recriminalizarla”, manifestó.