La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó hoy el proceso de sanción que el Congreso local le inició al Gobernador Jaime Rodríguez y a su Secretario General de Gobierno, Manuel González, por el desvío de recursos en el acopio de firmas para la candidatura presidencial de “El Bronco” en 2018.
Por mayoría, con tres votos a favor y dos en contra, la Primera Sala de la SCJN resolvió que las reglas procesales emitidas por el Legislativo son inconstitucionales.
“… el procedimiento descrito en esas Reglas Procesales no se ajustó a ninguno de los sistemas de responsabilidad previsto en el Título Cuarto de la Constitución Federal, o en el Título Séptimo de la Constitución local y, por ello, resulta en una intromisión indebida del Congreso local en el funcionamiento del Poder Ejecutivo…”, determinaron.
Sin embargo, la sentencia establece que las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenan sancionarlos, están vigentes, y plantea que el Congreso “regularice” el proceso y defina el tipo de responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la ley.
El proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara fue avalado por sus homólogos Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo, mientras que las Ministras Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Piña votaron en contra.
Aunque hay versiones que señalan que con este fallo el Congreso deberá reponer el procedimiento, lo que podría ser a través de un juicio político a nivel local, también ha trascendido que la sentencia -que aún no ha sido publicada- establece que la vía para sancionar al Mandatario estatal sería a través de un juicio político a nivel federal.
Desde junio del 2018, la Sala Especializada del TEPJF determinó la responsabilidad de Rodríguez y González por el uso de 572 funcionarios estatales que recabaron firmas en horario laboral para la candidatura presidencial de “El Bronco”, y pidió al Congreso local definirles una sanción.
Ante el incumplimiento del Legislativo, dicho tribunal electoral ha emitido desde entonces varios emplazamientos para que los diputados locales acaten la resolución e incluso a principios de marzo pasado impuso una amonestación.
El Congreso le ha dado largas al asunto y aunque ha discutido en diversas ocasiones en comisión y hasta en el pleno proyectos para sancionarlos por el desvío, incluso con castigos más ´light´ como una amonestación y multa, no han reunido los votos necesarios para su aprobación.
La resolución de la Corte en favor de “El Bronco” se da a poco más de un año de que concluya su Administración, en octubre del 2021, por lo que hay quienes advierten que no habría tiempo suficiente para llevar a cabo un procedimiento de sanción en su contra mediante un juicio político antes de que acabe su gestión, por lo que podría librarse de ser castigado.