A poco más de un año de que concluya su Administración, mañana podría definirse el futuro del Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, y de su segundo de a bordo, el Secretario General de Gobierno, Manuel González… Y, al menos hasta ahora, el panorama pinta a su favor.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá la controversia constitucional que interpuso el Poder Ejecutivo estatal en contra del proceso de sanción que el Congreso local les inició por el desvío de recursos públicos en el acopio de firmas para la campaña presidencial de “El Bronco” en 2018.
Plantean declarar invalidez del acuerdo
El proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que será discutido por la Primera Sala, plantea declarar la invalidez del acuerdo por el que el Legislativo expidió las reglas procesales para sancionarlos, al señalar que no están contempladas en la ley.
“… lo procedente es declarar su invalidez”, propone, “ya que el procedimiento descrito en esas Reglas Procesales no se ajustó a ninguno de los sistemas de responsabilidad previsto en el Título Cuarto de la Constitución Federal, o en el Título Séptimo de la Constitución local y, por ello, resulta en una intromisión indebida del Congreso local en el funcionamiento del Poder Ejecutivo…”.
Sin embargo, la propuesta establece que las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenan sancionarlos, están vigentes. Y plantea que el Congreso “regularice” el proceso y defina el tipo de responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la ley.
Integrantes de la sala
Para su aprobación, el proyecto requiere del voto a favor de tres de los cinco Ministros que integran la Primera Sala. De ser desechado, el asunto sería turnado a otro ministro para presentar una nueva propuesta. Esto le daría aún más oxígeno al “Bronco”, quien seguiría protegido por la suspensión que se le otorgó al admitir su controversia.
Además del ministro ponente, la Primera Sala la integran la regiomontana Margarita Ríos Farjat, Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
El asunto iba a ser inicialmente discutido el pasado 15 de julio, con un proyecto distinto que también favorecía a Rodríguez. Planteaba todo un procedimiento alterno al Congreso. Sin embargo ante la falta de respaldo fue retirado entonces del orden del día por González Alcántara.
572 funcionarios involucrados en recoleccion de firmas
Desde junio del 2018, la Sala Especializada del TEPJF determinó la responsabilidad de Rodríguez y González por el uso de 572 funcionarios estatales que recabaron firmas en horario laboral para la candidatura presidencial de “El Bronco”, y pidió al Congreso local definirles una sanción.
Ante el incumplimiento del Legislativo, dicho tribunal electoral ha emitido desde entonces varios emplazamientos para que los diputados locales acaten la resolución e incluso a principios de marzo pasado impuso una amonestación.
El Congreso le ha dado largas al asunto y aunque ha discutido en diversas ocasiones en comisión y hasta en el pleno proyectos para sancionarlos por el desvío, incluso con castigos más ´light´ como una amonestación y multa, no han reunido los votos necesarios para su aprobación.
El Senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, que impulsa que ambos sean sancionados con la destitución del cargo e inhabilitación, acusó ayer que el proyecto que votará la Corte busca proteger al “Bronco” y dejar en la impunidad las irregularidades que cometió en la campaña presidencial, y sentaría un mal precedente para el 2021.
Y es que de verse obligado el Congreso local a iniciar un nuevo proceso de sanción en contra de ambos llevaría meses y la Administración de Rodríguez concluye en octubre del próximo año, por lo que podría quedarse sin sanción alguna.